Los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos de la provincia de Alicante han logrado en junio una tasa de ocupación del 58,2%. Se trata del mejor registro del año, pues supera el de mayo en 13 puntos porcentuales y también es el mejor dato desde el comienzo de la pandemia, por encima del de agosto de 2020, que se quedó 0,9 puntos por debajo. Sin embargo, si tomamos como referencia 2019, el último año “normal”, se evidencia la distancia que todavía separa el inicio del verano de 2021 de aquellos momentos. Entonces, junio de 2019, la tasa de ocupación se alzaba hasta el 86,8%, 28,6 puntos porcentuales por encima.
El panorama provincial revela algunas diferencias notables entre poblaciones. Así, la ciudad de Alicante ha logrado una tasa del 58,5%. Por encima de este valor están Jávea (91,3%) y Playa de San Juan (82,8%). Por debajo, Santa Pola (54,0%), El Campello (53,0%), Orihuela (51,6%), Guardamar del Segura (48,6%), Sant Joan d’Alacant (45,1%), los establecimientos de interior (42,3%), Villajoyosa (39,5%) o Elche (38,8%). Agrupadas por zonas, costas y playas llegan al 63,5% mientras que las poblaciones de interior se conforman con el 45,4%.
El origen de los viajeros es fundamentalmente nacional. A diferencia de lo acostumbrado en una temporada normal, la abultada proporción de turistas nacionales (64,5%) contrasta con la debilidad del mercado internacional (41,7%). De entre la clientela llegada de España destacan los procedentes de Madrid (30,5%), de la propia Comunitat Valenciana (28,0%), Cataluña (9,1%), Castilla la Mancha (7,6%), Andalucía (5,4%) o Castilla y León (4,6%). De los llegados desde fuera de las fronteras, los más numerosos son los procedentes de Francia (14,0%), seguidos de los de Reino Unido (9,2%), Alemania (7,6%), Italia (7,2%), Bélgica (6,8%), Países Bajos (6,2%) o Polonia (4,7%). Es de destacar el avance del público británico que casi ha doblado su peso en un mes.
En general las sensaciones han sido positivas para el sector, pues a pesar de la anomalía de un junio sin Hogueras y del notable grado de incertidumbre que está caracterizando la desescalada, mes a mes van recuperándose las cifras de ocupación y el ambiente de los destinos se acerca poco a poco a la normalidad.
Las previsiones avanzan una tasa del 70,2% para julio y agosto
La dosis de optimismo que inyecta el ritmo de vacunación frente al coronavirus no logra despejar algunos nubarrones que oscurecen el panorama de julio y agosto. El progresivo aumento de casos positivos en España y su utilización interesada por parte de algunos gobiernos y medios de comunicación europeos amenaza la temporada turística. Asimismo, la vuelta a las restricciones en hostelería y ocio nocturno o las limitaciones de horarios o de movilidad que están encima de la mesa vuelven a generar dudas entre aquellos que planean viajar a la Costa Blanca u otros destinos.
De esta forma, y con la cautela que exige la volatilidad del escenario actual, las previsiones de los hoteles y establecimientos alojativos de la provincia para julio situarían la tasa de ocupación en un 69,6%, mientras que para agosto se espera un 70,8%. El valor medio para los dos meses se situaría en un 70,2%.
APHA se suma al manifiesto para una mejor distribución de ayudas al turismo
Ante la reiterada negativa por parte del Ministerio de Hacienda a modificar los criterios de concesión de ayudas directas al turismo, APHA, junto a un total de veinte asociaciones turísticas de toda España -entre ellas la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) o la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH)- han firmado un manifiesto que reclama un cambio en las instrucciones que se han remitido a las comunidades autónomas.
Actualmente el Ministerio sólo permite ayudar a empresas que tengan facturas pendientes de pago. Este escrito reivindica un cambio para que pueda llegar la ayuda a empresas turísticas que han abonado sus facturas. De esta forma, se eliminaría el injusto agravio que supone dejar fuera del plan a aquellas empresas que, cumpliendo con la normativa de pago a proveedores, han hecho el esfuerzo de atender sus obligaciones de pago.
Resulta incomprensible que fondos públicos cuyo destino es aliviar la dramática situación de empresas que han padecido cierres obligados de hasta 16 meses y contribuir a su sostenibilidad no lleguen a sus legítimos destinatarios por culpa de un criterio arbitrario y alejado de la realidad empresarial.
