La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante quiere mostrar su total oposición a la propuesta emitida ayer por la Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana sobre la imposición de una tasa turística para la Comunitat Valenciana.
Por una parte, APHA considera absolutamente inoportuno abrir el debate sobre este nuevo impuesto en un momento en el que las empresas del sector están luchando denodadamente para asegurar su propia supervivencia, inmersas todavía en la mayor crisis turística ocurrida jamás. El paréntesis estival no puede ocultar que aún son muchos los establecimientos hoteleros y alojamientos que se enfrentan a un futuro incierto. La clientela internacional, clave para mantener operativos los negocios turísticos, aún se mueve en niveles muy inferiores a los momentos previos a la pandemia. Sirva como referencia que, según lo anunciado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se prevé que el PIB turístico de este año se aproxime al 50% del de 2019. De la misma forma, el empleo en el sector aún se sostiene, en buena medida, gracias a los ERTE, cuya prórroga será imprescindible si se quiere evitar una destrucción irreversible de puestos de trabajo. Se trata, por tanto, de un difícil contexto que está exigiendo lo mejor de cada empresa y también reclama la máxima responsabilidad de cada servidor público para afianzar uno de los pilares de la economía valenciana.
Por otro lado, consideramos inasumible la cuestión de fondo. Gravar con una tasa, como si de un artículo de lujo se tratase, una de las conquistas sociales del Estado del Bienestar resulta inconcebible. El derecho a las vacaciones pagadas está en la génesis del desarrollo del turismo. Sólo cuando la clase trabajadora accedió al descanso remunerado florecieron y se consolidaron los destinos turísticos en el Mediterráneo de España y la Comunitat Valenciana. Se trata de espacios en los que cientos de miles de familias deciden disfrutar de sus días libres aprovechando las privilegiadas condiciones geográficas y climáticas del territorio valenciano y la especialización y buen hacer de miles de negocios que ofrecen excelencia en el servicio y hospitalidad a los viajeros de todo el mundo.
Las vacaciones no son un privilegio, son un derecho social. No resulta aceptable hacer sentir a quienes escogen -entre muchas otras opciones- pasar unos días entre nosotros que su estancia representa una molestia para los valencianos y que deben compensarla con una tasa/multa.
Por otra parte, la competencia internacional por un mercado global exige ser extremadamente cauteloso con incrementos en el precio de la estancia que no estén aparejados a la mejora de la oferta. Incrementar el coste del alojamiento a cambio de nada no es un argumento defendible ni aceptable.
En la misma línea, sigue siendo urgente resolver la anomalía que representan las actuales restricciones sanitarias que impiden competir a los hoteles de la Comunitat. A día de hoy, las exigentes limitaciones de aforo y otras inexplicables medidas como la obligación de que los cócteles sean sentados o la imposibilidad de hacer coffee break en la misma sala de la reunión se traducen en la pérdida de convenciones e incentivos que acaban celebrándose en comunidades autónomas que admiten este tipo de servicios.
Exigimos, pues, que el Consell ponga fin a esta polémica y oriente sus políticas a estabilizar definitivamente la actividad turística, a velar por el mantenimiento del empleo y las oportunidades y a que, desde la colaboración, logremos un turismo cada vez más sostenible y competitivo, inteligente, respetuoso con el medio ambiente, inclusivo e integrador, capaz de generar más ingresos (e impuestos) que se transformen en bienestar y servicios públicos para toda la sociedad.
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